El gobernador Alejandro García Padilla habla sobre la Junta de Control Fiscal Federal

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La Fortaleza – El gobernador Alejandro García Padilla ha autorizado las siguientes expresiones sobre el borrador propuesto por el Congreso de una Junta de Control Fiscal federal.
“La reciente discusión sobre los méritos del anteproyecto preparado por la Cámara baja del Congreso de los Estados Unidos evidencia que se ha comprendido que la deuda, según contraída por pasadas administraciones, es insostenible y tiene ancladas las posibilidades de recuperación del pueblo de Puerto Rico. El liderato de la mayoría Republicana ha accedido a nuestro reclamo de brindarle a Puerto Rico las herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda. El anteproyecto reconoce la necesidad de una reestructuración amplia y destaca la oportunidad para la misma.

Ahora bien, ese poder de reestructuración no sería oponible a los acreedores hasta que una junta federal lo determine. De la manera propuesta resulta deshonroso y degradante. A costa de más y mayores sacrificios de los puertorriqueños – en beneficio de nuestros acreedores – se lograría acceso a ese mecanismo de reestructuración tan necesario. Esa condición no es aceptable.

El estado de derecho sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no permite dejar sin efecto la Constitución del Estado Libre Asociado para concentrar el poder del gobierno en un cuerpo no electo por los puertorriqueños. De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones. Confío en que, en lo que se refiere a la junta, la legislación que finalmente se apruebe diste considerablemente de la que se discute y reitero mi disponibilidad para continuar trabajando con el Congreso en lograr una solución bipartita que respete el derecho inalienable de los puertorriqueños a autogobernarse.
Si a cambio de la facultad jurídica de reestructuración ordenada de la deuda, es necesaria una junta de supervisión, ni su punto de partida ni su conclusión, puede ser el asesinato de la democracia puertorriqueña.
En este momento histórico donde podría estar en riesgo a muy corto plazo la continuación de la provisión de servicios esenciales a nuestra gente, cualquiera que pretenda reducir este asunto a una mera discusión del estatus, exclusiva de la dinámica partidista, le hace daño al país y a sus posibilidades. El anteproyecto debe verse solo como el acercamiento inicial del Congreso para cumplir con su compromiso de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal.

Los puertorriqueños debemos presentar un frente unido en oposición a una junta que priva al país de un gobierno propio. Para ello, esta semana estaré convocando para reunión a los candidatos a la gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores gubernamentales y no gubernamentales para unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista, para adelantar la recuperación de nuestras futuras generaciones”.


Federally Appointed Financial Control Board for Puerto Rico

La Fortaleza – Gov. Alejandro García Padilla has authorized the following message on the proposal by Congress of the Federal Fiscal Control Board.
“The recent discussion on the merits of the draft prepared by the House of Representatives of the United States Congress shows that debt, as contracted by past administrations, is unsustainable and has anchored the chances of recovery of the people of Puerto Rico. The leadership of the Republican majority has agreed to our demand to provide Puerto Rico the legal tools for orderly debt restructuring. The draft recognizes the need for extensive restructuring and highlights the opportunity for it.
However, that power restructuring would not be enforceable against creditors until a federal board is determined. As proposed, it is dishonorable and degrading. At the cost of more and greater sacrifices of Puerto Ricans – to the benefit of our creditors – access to that mechanism is necessary so restructuring can be achieved. That condition is not acceptable.

The rule of law on relations between Puerto Rico and the United States does not allow nullifying the Constitution of the Commonwealth to concentrate government power in an unelected body by Puerto Ricans. If the legislation is approved, Puerto Rico will challenge immediately the federal courts and before the community of nations. I am confident that, with respect to the board, the legislation approved reiterates my willingness to continue to work with Congress to achieve a bipartisan solution that respects the inalienable right of Puerto Ricans to govern themselves.
If a change is made in the legal power to orderly debt restructuring, an oversight board, your starting point and its conclusion are unnecessary, it may be the killing of Puerto Rican democracy.

At this historic moment where we could be at risk in the very near future with regards to the continued provision of essential services to our people, anyone who intends to reduce this matter to a mere discussion of status, exclusive of party dynamics, hurts the country and its possibilities. The draft should be seen only as the initial approach of Congress to fulfill its commitment to provide a comprehensive solution to Puerto Rico’s fiscal situation.
Puerto Ricans must present a united front opposed to a board that deprives the country of its own government. To do this, this week I will be calling for a meeting with the gubernatorial candidates of all political parties and other governmental and non-governmental sectors to join us in this basic claim, without being distracted by partisan political debate, to advance the recovery of our future generations”.

 

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