Kissimmee, FL – La Ciudad de Kissimmee ha reconocido desde hace mucho tiempo que los servicios que brindamos a nuestros residentes son posibles únicamente gracias a los proveedores y socios que nos respaldan. El trabajo que ustedes realizan mantiene nuestra infraestructura en funcionamiento, nuestras instalaciones en buen estado y nuestras operaciones activas día a día. Esa relación es importante para nosotros, y es precisamente debido a esa relación que les escribo hoy.
Actualmente se está llevando a cabo un serio esfuerzo legislativo en Florida —que incluye su consideración durante la Sesión Especial F, a partir del 1 de junio de 2026— que podría eliminar los impuestos ad valorem a la propiedad residencial mediante una enmienda constitucional. El impuesto a la propiedad no es una fuente de ingresos secundaria para la Ciudad; es el pilar fundamental de nuestro presupuesto operativo. Con él se financian los servicios de policía y bomberos, el mantenimiento de carreteras, los parques y las funciones administrativas que mantienen en marcha a todos los departamentos. Sin este ingreso, la Ciudad —tal como opera actualmente— no podría existir en su forma presente.
Si esta enmienda se aprueba, la Ciudad se vería obligada a tomar medidas inmediatas y drásticas debido a la reducción de los ingresos disponibles. Actualmente no existe ningún mecanismo establecido para reemplazar una financiación de esta magnitud. El resultado sería una revisión obligatoria y exhaustiva de cada gasto, cada programa y cada contrato que la Ciudad mantiene. Dicha revisión se guiaría por una pregunta fundamental: ¿Es esto un requisito legal? Los servicios y contratos que queden fuera de los mandatos legales vigentes se enfrentarían a recortes, suspensiones o eliminaciones, independientemente del valor que aporten a la comunidad.
Comparto esta información con ustedes ahora porque merecen estar al tanto. Si esta enmienda prospera, muchas de las relaciones con proveedores que la Ciudad ha construido a lo largo de los años podrían verse afectadas. No deseamos ese desenlace, pero les estaríamos fallando si guardáramos silencio mientras se desarrolla esta situación. Sus empresas dependen de contratos estables, y comprendemos lo que la incertidumbre significa para su planificación y para su personal.
La Ciudad continuará monitoreando de cerca este proceso legislativo y proporcionará más información a medida que este avance. Mientras tanto, nuestra oficina está a su disposición para responder a cualquier pregunta sobre los posibles impactos en las operaciones de la Ciudad y en las relaciones con los proveedores. Valoramos la contribución que ustedes aportan a esta Ciudad y nos comprometemos a mantener la transparencia con nuestros socios a lo largo de todo este proceso.
Notice of potential budgetary impacts of the save our homes from Excessive Property Taxes Movement
Kissimmee, FL – The City of Kissimmee has long recognized that the services we deliver to our residents are possible only because of the vendors and partners who stand behind us. The work you provide keeps our infrastructure running, our facilities maintained, and our operations functioning day to day. That relationship matters to us, and it is precisely because of that relationship that I am writing to you today.
There is currently a serious legislative effort underway in Florida, including consideration during Special Session F beginning June 1, 2026, that could eliminate ad valorem property taxes on residential property through a constitutional amendment. Property tax is not a secondary revenue source for the City. It is the foundation of our operating budget. It funds police and fire protection, road maintenance, parks, and the administrative functions that keep every department operating. Without it, the City, as it currently operates, could not exist in its present form.
If this amendment passes, the City would be forced to take immediate and severe steps due to the reduction in available revenue. There is no mechanism currently in place to replace funding of this scale. The result would be a mandatory and comprehensive review of every expenditure, every program, and every contract the City holds. That review would be guided by one primary question: Is this required by law? Services and contracts that fall outside statutory mandates would face reduction, suspension, or elimination, regardless of their value to the community.
I am sharing this with you now because you deserve to know. If this amendment moves forward, many of the vendor relationships the City has built over the years could be affected. We do not want that outcome, but we would be doing you a disservice by staying silent while this situation develops. Your businesses depend on reliable contracts, and we understand what uncertainty means for your planning and your people.
The City will continue to monitor this legislation closely and will communicate further as the process advances. In the meantime, our office is available to answer questions about potential impacts to City operations and vendor relationships. We value what you bring to this City, and we are committed to transparency with our partners throughout this process.